¡Nuestros cuerpos no son mercancías!

En Cataluña, en el marco de las “Leyes Ómnibus” que promueve el gobierno autonómico, a través de una modificación de la Ley de Carreteras, quedará prohibido en ellas el ejercicio de la prostitución. La nueva normativa prevé multas contra las mujeres. Esta disposición sanciona una actividad que no está tipificada como delito y expulsa del espacio público a las mujeres en situación de prostitución, empujándolas hacia locales de alterne y prostíbulos de carretera, controlados por redes proxenetas, como en el caso del macro-burdel de la Junquera. La indefinición jurídica del estado español va cediendo terreno ante las presiones de las industrias del sexo, que aspiran a seguir expandiendo sus negocios merced a una legislación favorable.

Como mujeres feministas, denunciamos la explotación y la violencia que se esconden tras este negocio. Engañadas, forzadas, traficadas o, simplemente, empujadas por la necesidad, millones de mujeres y niñas de todo el mundo se ven abocadas a la prostitución, con unos efectos físicos y psicológicos devastadores. La prostitución – y la trata que comporta – son incompatibles con la dignidad humana. Lejos de ser “el oficio más antiguo” de las mujeres, la prostitución es ante todo un comercio entre hombres – proxenetas y clientes -, proyecta una imagen degradante de la mujer y perpetúa la desigualdad: el 96% de las personas prostituidas son mujeres, el 99% de los clientes son hombres. El capitalismo globalizado ha llevado esta iniquidad a su paroxismo.

Solidarias con las víctimas de la prostitución, nos oponemos a cualquier normativa que las criminalice o margine, haciéndolas invisibles y, por tanto, todavía más vulnerables. Pero, del mismo modo, nos oponemos a una regulación – generalmente complementaria del acoso policial sobre las mujeres – que pretende establecer “lugares apropiados” para el ejercicio de la prostitución con la excusa de mejorar la seguridad de las personas prostituidas. La experiencia de los países que han legalizado la prostitución nos habla de una influencia creciente del crimen organizado en la vida pública, de una expansión del tráfico y las violencias, pero no de mejoras efectivas por cuanto se refiere a la situación de las mujeres.

Por lo tanto, reivindicamos:

– La supresión de cualquier forma de represión contra las personas prostituidas.

– La regularización de las personas inmigradas prostituidas, sin obligación de denuncia previa de redes de proxenetas o traficantes.

– Una legislación que permita luchar efectivamente contra el tráfico y la explotación sexual y que responsabilice a los “clientes” prostituidores, caracterizando la compra de favores sexuales como una violencia de género.

– Políticas alternativas, apoyo jurídico, asistencial, formación profesional y acceso al conjunto de servicios sociales a las personas en situación de prostitución, ayudando a salir de ella a cuantas así lo deseen.

– Educación escolar, así como formación de las administraciones públicas, justicia y policía, en valores igualitarios y no sexistas.