De Sylviane Dahan – Vocalía de Mujeres de la FAVB – Federación de asociaciones de vecinas y vecinos de Barcelona
Publicado en Público, 31/08/2012
El debate que agita al PP en torno a la prostitución no es nuevo; pero adquiere sin duda una nueva vivacidad en medio de la actual crisis económica y social, marcada por un profundo deterioro de la situación de las mujeres. Los posicionamientos que se expresan en Madrid no son muy distintos a los que tenemos en Catalunya -comunidad que goza del triste “honor” de albergar, en La Jonquera, el mayor prostíbulo de Europa.
Las distintas propuestas reflejan una dificultad objetiva a la hora de tratar el tema; pero hay mayor unidad de lo que pudiera parecer en sus derivadas políticas… Y, desde luego, ninguna de ellas es progresista, ni favorable a los derechos de las mujeres. He aquí que Esperanza Aguirre pretende combatir la explotación sexual legalizando la prostitución. Sin embargo, el balance de los países que, desde Holanda hasta distintos Estados australianos, han optado por esa vía – siempre con la pretensión de proteger los derechos “laborales” de las mujeres prostituidas – resulta ya inapelable: la prostitución y, singularmente, la prostitución clandestina han crecido inexorablemente. Y, con ellas, la trata, la explotación de menores… y el poder económico e influencia social de las industrias del sexo. A los intereses de su poderoso lobby responde esa pulsión reguladora: si en la España oficialmente “abolicionista” funciona una red de millares de prostíbulos bajo las formas más variadas, ¿cuál no sería la expansión de ese “sector económico” en un marco jurídico más favorable?
No hay que creer que los planes del Ministerio del Interior vayan en un sentido contrario: la criminalización de las mujeres en situación de prostitución – doble victimización al tratarse de un colectivo especialmente vulnerable, compuesto mayoritariamente por inmigrantes, desprotegido y ampliamente sometido a la violencia proxeneta – va orientada sobre todo a expulsarlas del espacio público. El gobierno nacionalista conservador catalán ya lo intenta mediante una modificación de la Ley de Carreteras y a través del endurecimiento de las ordenanzas cívicas municipales (algunas de ellas, como la de Barcelona, triste legado del anterior ayuntamiento socialista, deseoso de ahuyentar cualquier imagen de miseria social de las calles de una ciudad-vitrina). Ese mismo gobierno favorece la prostitución “bien ordenada”… y pelea denodadamente por obtener la instalación de Eurovegas en Barcelona – lo que comportaría un formidable impulso al comercio sexual en el área metropolitana.